Corrupción, tráfico de influencias y redes de protección institucional en la SEP

I. Antecedentes y contexto

La llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República generó expectativas legítimas de transformación, transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción. Sin embargo, dentro de determinadas estructuras de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), persisten prácticas y dinámicas administrativas que obligan a cuestionarnos si el cambio prometido ha alcanzado los espacios públicos en donde, durante años, se han concentrado amplias facultades de decisión y poder.

Resulta preocupante que determinados servidores públicos permanezcan durante largos periodos en posiciones estratégicas de mando, sin que aparentemente existan mecanismos eficaces de evaluación, vigilancia y rendición de cuentas. La corrupción no siempre se manifiesta mediante la entrega de dinero; también se expresa a través del silencio institucional, la protección indebida, los favores políticos, el encubrimiento de irregularidades y el tráfico de influencias.

Uno de los casos que merece una investigación exhaustiva es el de Mario Pérez Medina, Director Operativo No. 3 de Educación Secundaria, quien ha ocupado durante más de doce años una posición de considerable influencia dentro de la estructura de la SEP, sin que se adviertan méritos académicos suficientes en el ámbito educativo que expliquen dicha permanencia.

II. Hechos denunciados

1. Presuntos abusos de autoridad, violencia y acoso

• Señalamientos contra Mario Pérez Medina: Acusaciones por presuntas agresiones físicas contra mujeres, acoso y agresión sexual. Se requiere una investigación con perspectiva de género para determinar la responsabilidad de este servidor público, las actuaciones de las autoridades y el posible ocultamiento o encubrimiento de hechos.
• Involucramiento de María Isaura Pérez Medina: Directora de la Escuela Secundaria No. 78 (Alcaldía Gustavo A. Madero) y hermana del funcionario referido, señalada por presunta violencia física contra una docente e incidentes graves que afectaron la integridad física del entonces Inspector de la Zona Escolar.

2. Presunto tráfico de influencias y nexos políticos

• Uso de influencias en el Senado: Se señala la mención recurrente por parte de Mario Pérez Medina de contar con un hermano desempeñándose en el Senado de la República. Corresponde investigar si dicho vínculo se ha invocado para ejercer presión, frenar investigaciones, garantizar impunidad o condicionar decisiones administrativas y laborales.

3. Omisiones y silencio institucional de mandos superiores

• Supervisión y control: Se requiere examinar las responsabilidades de supervisión de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria, a cargo de Ernesto Scheinvar Gottdiener, así como determinar si autoridades de mayor jerarquía, entre ellos Francisco Luciano Concheiro Bórquez y Mario Alfonso Chávez Campos, han tenido conocimiento de los señalamientos y omitieron actuar oportunamente y ejercieron protección indebida.

III. Línea jerárquica de servidores públicos

IV. Solicitudes concretas a las autoridades competentes

• Investigación formal e independiente: Iniciar un procedimiento imparcial e integral en cuanto a todos los hechos denunciados, y otros abusos de autoridad.
• Revisión de antecedentes: Verificar la existencia de quejas, expedientes o procedimientos previos y actuales contra Mario Pérez Medina y María Isaura Pérez Medina.
• Investigación con perspectiva de género: Indagar los señalamientos sobre agresiones físicas, acoso laboral y agresión sexual.
• Identificación de vínculos en el Senado: Precisar la identidad y cargo del hermano de Mario Pérez Medina en el Senado de la República y determinar si hubo uso indebido de influencias.
• Detección de redes de complicidad: Esclarecer los esquemas de nepotismo, conflictos de interés y/o encubrimiento institucional.
• Auditoría a la cadena de mando: Revisar la actuación de las autoridades de supervisión en la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria y la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, en donde permanecen enquistados servidores públicos en calidad de “asesores”.
• Deslinde de altos funcionarios: Determinar el grado de conocimiento e intervención de Francisco Luciano Concheiro Bórquez y Mario Alfonso Chávez Campos.
• Fiscalización a la Coordinación Sectorial: Evaluar el cumplimiento de obligaciones de control a cargo de Ernesto Scheinvar Gottdiener.
• Medidas de protección: Garantizar la integridad personal y laboral de denunciantes, testigos y personal afectado, para prevenir mayores represalias.
• Revisión legal de la separación del cargo: Analizar la legalidad del cese fulminante del suscrito, ejecutado mientras se tramitaba el juicio de amparo.
• Restablecimiento de garantías procesales: Constatar la vulneración a los derechos de audiencia, defensa y debido proceso.
• Sanción a actos de represalia: Investigar si la remoción obedeció a abusos de autoridad e intereses dolosos de mandos intermedios.
• Fijación de responsabilidades: Aplicar las sanciones administrativas, civiles, laborales o penales que correspondan a los responsables.
• Notificación formal: Informar por escrito al promovente sobre el avance, resoluciones y estado de las investigaciones.
• Saneamiento de la AEFCM: Promover desde la Presidencia de la República y la SEP una reestructuración profunda en las direcciones de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, para erradicar inercias e impunidad.

V. Conclusión

El verdadero combate a la corrupción comienza cuando las instituciones investigan a quienes ejercen el poder. La educación pública no es un patrimonio personal ni un espacio para el ejercicio arbitrario de la autoridad. Los cargos públicos no se heredan, no se blindan mediante relaciones políticas y no otorgan impunidad.

Cuando el poder se utiliza para proteger al poder, la corrupción se convierte en un problema institucional que el Estado tiene la obligación ineludible de investigar y sancionar.

¿Por qué un servidor público siempre en puestos de confianza, que anteriormente incursionó dentro del ISSSTE, y que nunca ha demostrado interés por la educación, fue impuesto precisamente como funcionario del sistema educativo, y dejado permanentemente allí, sin opción a revisión acerca de sus méritos, formación profesional de origen y los resultados arrojados hasta ahora sobre su actual y añeja encomienda?

¿Por qué persisten igualmente, como jefes de área en la Dirección Operativa número 3 de Educación Secundaria, personajes que llevan años y años ocupando “comisiones de confianza” como responsables a cargo de unidades relevantes de atención, cuando la mayoría cobra plazas como docentes frente a grupo? ¿Por qué se valen de su incondicionalidad como Pérez Medina, para obtener beneficios personales como meter a trabajar a familiares cercanos en la propia Dirección Operativa número 3?

La autoridad es muy proclive a practicar la negligencia y el tortuguismo para dar trámite a diversos asuntos que les competen, pero cuando así conviene a sus intereses personales y represalias vengativas, entonces sí demuestran gran celeridad por suspender pagos y hasta cesar del servicio implacablemente a quienes en algún momento les hemos denunciado por sus corruptelas, sin detenerse a indagar si existió o no interposición oportuna de amparo y de revisión procedimental jurídica conforme a derecho.

Nada les resulta más importante que demostrar su autoritarismo, férrea unidad y músculo en el avasallamiento, maltrato y humillación que llevaron a cabo impune, abierta y públicamente hacia quienes no somos de su agrado por no convenir a sus intereses de grupo y renovadas maniobras por permanecer en forma vitalicia dentro de sus puestos y comisiones.

Nos hemos quedado con las ganas de ver cambios verdaderos y ya no más de lo mismo: “corregido y aumentado para mal”. A quienes la autoridad descalifica y termina bloqueando, todos le voltean la espalda por temor a recibir el mismo tratamiento; increíblemente se le deja en total estado de indefensión jurídica y en gran nivel de vulnerabilidad; ello a pesar del retórico discurso político.

Por favor, no permitamos ser violentados en nuestros derechos, pidamos cuentas sobre el ejercicio del mando a todos niveles; que exista un auténtico respeto y credibilidad en la justicia, la equidad y el ejercicio del derecho. ¡Fin a la impunidad en un país democrático en donde todas y todos recibamos un trato más digno, oportuno y justo por parte de quienes detentan la autoridad y el poder; con certeza jurídica y mayores garantías hacia la ciudadanía y las y los trabajadores, por parte del Estado Mexicano.